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El proyecto de Código Penal contiene imprecisiones y duplicación de figuras

julio 08
15:22 2012
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(Diario EL UNIVERSO).- Análisis: Reformas legislativas.- Antes de la Asamblea: 1.083 artículos numerados y 1 no numerado, 4 disposiciones generales, 20 transitorias, 14 reformatorias y 71 derogatorias. Después de la Asamblea: 812 artículos, 5 disposiciones generales, 18 transitorias, 19 reformatorias, 61 derogatorias y 1 final. Pero las diferencias entre el antes y el después del proyecto de Código Orgánico Penal Integral (COPI) no se expresan únicamente en los números.

El texto que el Ejecutivo envió a la Asamblea, el 13 de octubre del 2011, no solo registró la eliminación de casi 300 artículos en la Comisión de Justicia. En el informe de mayoría ¬suscrito por siete oficialistas y un roldosista¬ no se incluyeron algunos delitos planteados por la Presidencia, por ejemplo, las injurias. En otros casos se cambiaron los nombres o se rebajaron las penas propuestas.

En la mesa legislativa ¬según el informe para primer debate, que quedó listo el 14 de junio¬ “se intentó reducir las vaguedades y contradicciones normativas, y se eliminaron normas repetidas y anacrónicas”.

Sobre el proyecto de la Presidencia, la Comisión dice que “se vio en la necesidad de conciliarlo y readecuarlo a los estándares mínimos que establecen la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos”…

Se añade, entre otras observaciones, que el texto del Ejecutivo tenía un glosario de 82 términos no ordenados alfabéticamente, una tabla incompleta de equivalencia de tipos penales, disposiciones transitorias y reformatorias mal enumeradas, con una redacción, en algunos casos, “no adecuada”.

Se habla de incongruencias, de “proliferación de conductas o infracciones demasiado complejas que la Comisión se vio en la necesidad de precisar” y de fragmentos con reproducción “textual, parcializada o indeterminada” del Código de 1889.

Este informe de mayoría fue suscrito por Mauro Andino, Henry Cuji, Rosana Alvarado, Gina Godoy, César Gracia, Marisol Peñafiel y Xavier Tomalá. Para la elaboración del nuevo texto se efectuaron 39 sesiones, se analizaron 184 observaciones y se recibieron 28 comisiones generales. No firmaron el texto María Paula Romo (Ruptura), quien presentó un informe de minoría, Vicente Taiano (antes del Prian) y Luis Almeida (SP).

El actual Código Penal, el quinto desde la época republicana, data del año 1938, es decir, tiene 74 años. Sin embargo, ha sido permanentemente reformado, aunque sin cambios sustanciales en la concepción penal. En los antecedentes se señala que desde la codificación de 1971 hasta las reformas producidas en mayo del 2010 se han registrado 46 cambios.

La tendencia, sin embargo, no ha sido la reforma integral, sino, más bien, la incorporación de nuevas figuras penales o el aumento de penas, comenta la asambleísta de Ruptura en su informe, en el que destaca que en el proyecto del Ejecutivo hay más penas privativas que delitos: para 347 delitos o conductas delictivas existen 528 penas. De estas últimas, 304 son leves (de 6 meses a 5 años), medias (de 5 a 11 años), graves (de 11 a 19 años) y muy graves (de 19 a 28 años). En otras palabras, el proyecto de la Presidencia se enfoca en aquellos delitos sancionados con penas leves.

De ahí que Romo señala que, en el Derecho Penal, “frente a la necesidad de concentrar la tarea de los operadores de justicia para perseguir y sancionar los delitos más graves, menos es más. Es fundamental concentrar en un solo cuerpo legal los aspectos penales hoy dispersos en las leyes ecuatorianas, pero además se debe simplificar el Código, su redacción y los tipos penales existentes”.

Aunque los asambleístas de mayoría en la Comisión no aceptaron la propuesta del Ejecutivo de cambiar el orden clásico de las penas (prisión y reclusión, mayor y menor, ordinaria y extraordinaria), dice que en el proyecto para primer debate se mantiene la lógica de un Código compuesto, mayoritariamente, por delitos menos graves. “Nuevamente vale preguntarnos si esto va en la línea de fijar prioridades en la persecución de los delitos más graves o si convertimos a fiscales y jueces penales en encargados de los más variados conflictos”, señala Romo en su análisis.

La mayoría oficial, sin embargo, estableció en el artículo 19 de su informe que el llamado “comité de coordinación”, integrado por todas las instituciones que conforman el sistema penal, estará bajo la dirección del Ministerio rector en materia de Justicia y Derechos para, entre otras cosas, lograr “efectividad en la justicia penal”.

El presidente Rafael Correa ha cuestionado públicamente los cambios que han introducido los asambleístas de su propio movimiento en la Comisión. Habló de un “hipergarantismo para el acusado” y de la posibilidad de vetarlo, dependiendo de los cambios. “Es mi atribución constitucional, ahora resulta que vetar una ley es abuso de autoridad. Si siempre ha existido. En un sistema presidencialista, el presidente es colegislador”, expresó el 8 de mayo pasado.

Su proyecto incluía, por ejemplo, 17 artículos sobre injurias. Solo quedaron la calumnia y la difamación, pero se añadió el acoso político.

En el proyecto del Ejecutivo se presentaba el delito denominado ‘asonada’ para quienes “de forma tumultuaria exigieran violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones”. Sin embargo, fue eliminado, aunque se mantienen artículos sobre rebelión o terrorismo que –según los criterios de los académicos– pueden ser empleados para neutralizar las protestas de grupos sociales.

Este Diario consultó a catedráticos universitarios para evaluar diferentes temáticas del Código Orgánico Penal. Coinciden en que varios articulados del informe de mayoría de la Asamblea todavía son imprecisos o “abiertos”, lo que puede derivar en que se generen diversas interpretaciones.

Menores infractores. El uso de adolescentes para cometer delitos como sicariato por ser inimputables ha generado el debate sobre su inclusión en el proyecto de Código Penal.

Terrorismo. Delitos como el que se le imputó al dirigente indígena José Acacho, quien fue liberado tras ser acusado de terrorisno, están tipificados en el proyecto.

Femicidio. En marchas realizadas en Guayaquil se ha planteado tipificar al femicidio (asesinato de mujeres) como un delito autónomo dentro del Código Penal que se analiza.

Crimen organizado. El narcotráfico que usa al país como zona de procesamiento y tránsito del alcaloide motiva la discusión sobre las sanciones para el ilícito.

1.083
Artículos
Tiene el texto del Ejecutivo en cuatro libros. El cuarto, sobre la aplicación y ejecución de medidas socioeducativas, no fue incluido en el Código.

812
Artículos
Tiene el proyecto de Código que, para el primer debate en el pleno de la Asamblea, preparó una mayoría oficialista en el interior de la Comisión de Justicia.

Fernando Carrión: ‘Ampliar las penas no reduce la violencia’

Xavier Andrade: ‘Menores infractores deben ser inimputables’

Marena Briones: ‘No está claro qué se está entendiendo por femicidio’

Santiago Basabe: ‘No son las figuras, son las personas’

Santiago Guarderas: ‘Texto deja la puerta abierta para las redes’

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