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El error de prohibición se elimina del COIP en la objeción del Ejecutivo

El error de prohibición se elimina del COIP en la objeción del Ejecutivo
enero 18
10:55 2014
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sr.hernandezQuito (Pichincha).- Uno de los temas vetados por Ejecutivo es el error de prohibición, por el cual el individuo que comete una infracción no tiene conocimiento de la ilicitud de la conducta, mismo que se eliminó porque dejaba abierta la posibilidad para que “jueces inescrupulosos” dejen en libertad a personas que son culpables, o queden en la impunidad un sinnúmero de delitos.

El asambleísta Virgilio Hernández informó que son 73 observaciones del Ejecutivo al proyecto del Código Orgánico Integral Penal, varias de forma y otras de fondo, es decir se mejora la redacción y se precisan derechos establecidos. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre la objeción del Ejecutivo al COIP, pero Hernández considera que no se ocupará este tiempo; y, previo a un procedimiento establecido el Pleno tomará las decisiones en base al informe no vinculante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

El legislador explicó (como ejemplo) que una persona que estando en un tercer piso se tropieza con un masetero y al caer causa una muerte, podría ser aplicado como una muerte culposa, como un cumplimiento del deber objetivo de cuidado, que sin haber tenido la intención, y haber incurrido en la falta del deber objetivo de cuidado puede terminar siendo sancionado y tener una pena privativa de libertad de 1 a 3 años.

Otro caso, como efecto jurídico concreto, cuando exista un ataque de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, al eliminar el error de prohibición, las autoridades tendrían que perseguir para establecer que esas personas sean sancionadas.

El Ejecutivo propone que la norma establezca únicamente que no existe responsabilidad penal en caso de trastorno mental debidamente comprobado.

Otro de los temas que debe ser analizado a profundidad es el que excluye el criterio de identidad de género, ya que éste se halla establecido en la Constitución, por ejemplo, para efectos concretos de la separación en los Centros de Rehabilitación, si podría tener consecuencias que afecten a los derechos.

Respecto a la Expulsión de las personas extranjeras, se clarifica de mejor forma que no se dispondrá la expulsión, en los casos en que la persona extranjera, con anterioridad a la fecha del cometimiento de la infracción, haya contraído matrimonio, se haya reconocido una unión de hecho con una ecuatoriana o tenga hijos ecuatorianos.

En el tema de multas, en el veto al Art. 69 se establece la posibilidad que las autoridades judiciales puedan recabar las multas por plazos y se pueda condonar una parte de las multas. En este sentido, el Ejecutivo propone que son penas restrictivas de los derechos de propiedad la multa, cuyo valor se determina en salarios básicos unificados del trabajador en general. La multa debe pagarse de manera íntegra inmediata, una vez que la respectiva sentencia se ejecutoríe.

No obstante, cuando la persona sentenciada demuestre su incapacidad material para cancelarla, en las condiciones antes prevista, la o el juzgador podrá autorizar que su cumplimiento se realice el pago a plazos o por cuotas durante el mismo tiempo de la condena; condonación de una parte de la multa si, además, se demuestra extrema pobreza; servicio comunitario equivalente, únicamente en las infracciones sancionadas con penas privativas de libertad de un día a seis meses.

El asambleísta Hernández lamentó que no se haya vetado el Art. 70, por el cual la Asamblea estableció que la escala de multas vaya desde un cuarto de la remuneración mensual unificada hasta un mil quinientas pensiones mensuales unificadas, es decir, de un rango que va desde los 65 dólares hasta el medio millón de dólares que, a su parecer, no responde a la realidad y que, en muchos casos, se declarará la insolvencia de muchas personas.

En los delitos de extracción de órganos, Hernández expuso que un profesional de la salud que utilizó su experticia para extraer órganos de forma ilegal y luego traficarlos, será condenado de 10 a 13 años, que es el mismo tiempo en el que no podrá ejercer su profesión. La Asamblea había establecido inhabilitación para el ejercicio de su profesión, sin límite de tiempo. (SAU/El Ciudadano)

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