Concluyó primer debate de proyecto de Ley de Servicio del Sector Eléctrico

sr.eclectricoQuito.- En la continuación de la sesión 281 del Pleno, en jornada vespertina, el asambleísta Pepe Acacho sugirió que en el directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) participe un representante de la sociedad civil, a fin de que defienda los intereses de los consumidores y de los usuarios del servicio eléctrico.

Señaló que es necesario modificar el artículo 42 del proyecto ya que se establece que la Empresa Eléctrica proveerá de energía eléctrica exclusivamente a personas naturales o jurídicas que presenten el título de propiedad o el contrato que le faculte el uso del predio debidamente registrado ante la autoridad competente, con esto las comunidades y pueblos indígenas no serían beneficiarios de energía, porque los título son de propiedad colectiva y no tienen títulos individuales, ni bienes registrados en el municipio.

De su lado, la legisladora Mary Verduga indicó que es necesario viabilizar la consolidación institucional de una gran empresa pública mediante la transferencia definitiva a favor del Estado, por ello conviene que el paquete accionario que aún mantienen algunas empresas en calidad de anónimas pase al órgano rector, a fin de asegurar el uso eficiente de la energía eléctrica.

Llegó el momento de establecer la tarifa única a nivel nacional para cada tipo de consumo, de potenciar la electrificación rural financiada por el Estado, enfatizó.

Por su parte el legislador René Caza precisó que en la normativa hay que tomar en cuenta el habitat y la vivienda de las personas más pobres del país para que no se vean afectadas, mientras que Ximena Ponce propuso que se ponga mayor atención al tema de la eficiencia energética. Hay que tomar en cuenta la investigación de energías alternativas para que sean fortalecidas y que se asignen recursos para el uso y desarrollo de energías alternativas renovables al menos en el 1% del superávit de las empresas públicas o utilidades de generadoras de capital privado.

El asambleísta Bayron Pacheco advirtió que al eliminar la Ley 047 colapsarían municipalidades de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua, mientras que la legisladora Elizabeth Reinoso pidió revisar la derogatoria número 7 que se refiere a la población afectada por el volcán Tungurahua.

Por su parte la parlamentaria María Cristina Kronfle defendió los derechos de adultos mayores y personas con discapacidad respecto de rebajas en las tarifas por servicios de energía eléctrica. William Garzón resaltó que el proyecto regula la prestación del servicio público.

El asambleísta José López indicó que esta ley es transcendental para el país, ya que beneficia a los usuarios y consumidores, además que se establecen tarifas preferenciales para personas con discapacidad. A su criterio es conveniente que en el Directorio de Arconel se tome en cuenta a un representante de la sociedad civil.

Una vez que los parlamentarios dieron sus aportes al proyecto de Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira cerró el debate y recordó a los parlamentarios que tienen tres días para presentar sus observaciones de esta temática, a fin de que la Comisión de Desarrollo Económico prepare el informe para segundo debate.

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