Comisión 9 prepara reformas a la Ley de Contraloría y Defensoría del Pueblo

Quito.- La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social prepara el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado, referente a la declaración juramentada de bienes, conforme lo anunció el asambleísta Diego Vintimilla, vocal de este organismo legislativo.

Indicó que en la próxima sesión la comisión conocerá el documento borrador y se someterá a votación. Lo que se busca es efectivizar y hacer mucho más ágil la capacidad de control de la Contraloría a los funcionarios públicos para que el pueblo ecuatoriano tenga la absoluta confianza que los fondos públicos son bien utilizados y que administración hace bien las cosas, por tanto, se establecen mecanismos claros, ágiles y confiables para lograr este objetivo.

Igualmente, el parlamentario señaló que también preparan el informe para primer debate de la Ley de Defensoría del Pueblo que reemplazaría a la que data de 1997. A través de este cuerpo legal incorporará la atención de los derechos en movilidad humana, ya que la Defensoría del Pueblo, por disposición constitucional, debe atender también en el exterior y brindar la asesoría necesaria a los ecuatorianos/as que residen en el extranjero.

Recordó que la Constitución establece una serie atribuciones a esta instancia en materia de protección de derechos y en el cuerpo legal se propone que la Defensoría se haga cargo de la defensa de los derechos fundamentales, en lo que tiene que ver con la participación política, el aspecto económico, derechos ciudadanos y más.

En la normativa también se determinará que la Defensoría del Pueblo es la encargada de evitar que la administración pública o cualquier ciudadano torture, genere tratos crueles o se cometan delitos de lesa humanidad, pues esta es una de los atribuciones más importantes que tiene esta instancia, es decir, garantizar la vida de las personas, dijo.

Así mismo, Diego Vintimilla indicó que a la Comisión llegaron varias observaciones para reformar el Código de la Democracia, entre ellas de iniciativa de distintas bancadas legislativas y de la Presidencia de la República. Propuestas que siguen su curso y trámite regular, por tanto, se establecerán diálogos con el Consejo Nacional Electoral, a fin de generar un amplio proceso de discusión sobre las propuestas. Conviene hacer una revisión integral de la ley, dijo.

Explicó que la propuesta del presidente Rafael Correa busca que las personas que quieran ser candidatas a una dignidad no tengan relación familiar con otras autoridades de elección popular; mientras que el proyecto del bloque de Avanza pide incorporar una política de cuotas para la participación de los jóvenes, es decir, menores de 30 años en los procesos electorales.

La legisladora Rocío Valarezo propone establecer un mecanismo para llenar el vacío legal que hay en la Ley Electoral, ya que no se especifica cómo deben actuar los organismos electorales en caso de que, se produzca la muerte de una autoridad de elección popular antes de su posesión, como sucedió con el alcalde de Muisne, Wolker Vera, que fue asesinado el 11 de mayo, a tres días de posesionarse de su cargo.

Cabe señalar que la Comisión de Participación Ciudadana, además recoge sugerencias respecto a movilidad humana orientada a garantizar una política migratoria acorde con la Constitución, es decir, determinar derechos y deberes a quienes están considerados como parte de la movilidad humana: migrantes, inmigrantes, refugiados, desplazados, apátridas, entre otros, concluyó