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Comisión 7 incluiría nueva transitoria en proyecto de Ley de Tierras Rurales

Comisión 7 incluiría nueva transitoria en proyecto de Ley de Tierras Rurales
julio 14
09:49 2015
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Quito.- La asambleísta Esthela Acero, vocal de la Comisión de Soberanía Alimentaria, informó que dentro de la entidad legislativa se está analizando la posibilidad de incluir una disposición transitoria en el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales para que las haciendas arrendadas por más de cinco se puedan vender al Estado y los campesinos tengan opción de adquirirlas y cultivarlas.

Esta iniciativa nació del producto de las observaciones y recomendaciones que las organizaciones de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de indígenas, afroecuatorianas y montubias realizaron durante las diferentes audiencias provinciales, que la comisión efectuó en 23 provincias del país, como parte de la consulta prelegislativa del cuerpo legal. El criterio casi general fue que muchos campesinos han alquilado esos bienes entre 20 a 25 años para labrarla, explicó Acero.

La asambleísta contó que otra petición con gran demanda, al menos en la Amazonía, es que dentro del proyecto se busquen mecanismos para que en las tierras comunales las diferentes entidades del Estado puedan construir escuelas, centros de salud, complejos deportivos, entre otras obras. Por el momento, la Constitución, según su artículo 57, determina que estos sectores son inalienables, inembargables e indivisibles. Cuando algún ministerio quiere realizar una edificación primero solicita las escrituras, eso no es posible y es necesario corregir, acotó la parlamentaria.

De igual manera, resaltó que en la región oriental se ha solicitado que las propiedades que se consideren agricultura familiar se suba a 100 hectáreas: hasta ese límite deberán cumplir con la funsión social y ambiental con el apoyo del Estado y no podrán ser expropiada. En la comisión hemos quedado de acuerdo con ese tema, enfatizó Acero. Las características de no afectación en la Sierra son en territorios que no superen las 25 hectáreas y en la Costa las 75, según el cuerpo legal.

Manifestó su alegría por la apertura, concurrencia y participación de los representantes de las organizaciones de campesinos en la consulta prelegislativa, a la que han asistido alrededor de 6 mil 500 personas. Su aportes fueron muy enriquecedores, porque vienen desde los territorios; muchas de esas organizaciones son filiales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), afirmó.

En esas audiencias, la comisión 7 socializó el proyecto de ley y consultó sobre tres temas concernientes a los derechos colectivos. Entre ellos se encuentran la participación social y resolución de conflictos; el reconocimiento y legalización; y, el reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Al mismo tiempo, socializó la propuesta, que ha tenido una aceptación casi general, dijo Acero.

No obstante, expresó que también existe un nudo crítico que todavía se encuentra en discusión y es el relacionado con la definición de latifundio. Este término ya lo define la Constitución y el proyecto de ley, que también lo sanciona: ahí menciona que es una propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada. Algunos aportes consideran que se lo debe determinar de acuerdo a la zona, concluyó.

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