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César Montaño: “Parece que han contratado penalistas de la inquisición aficionados al derecho tributario” (audio)

César Montaño: “Parece que han contratado penalistas de la inquisición aficionados al derecho tributario” (audio)
junio 10
15:29 2015
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Loja.- El Dr. César Montaño Galarza, Director del Área de Derecho de la Universidad “Simón Bolívar” en el noticiero Prensa Radial de SRRADIO señaló que “al parecer se han contratado penalistas de la inquisición aficionados al derecho tributario” en relación al proyecto de Reformas al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (Cootad) presentado por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, respecto del tema de la plusvalía.

Entrevista en SRRADIO al Dr. César Montaño Galarza, Director del Área de Derecho de la Universidad Simón Bolívar

“Hay elementos de fondo en materia de la técnica tributaria que no se han considerado” argumenta el jurisconsulto, puesto que la exposición de motivos de esta ley, por lo que hay que preguntarse ¿con qué dinero se mantiene el Estado?, pues el Estado se mantiene con las contribuciones de todos los ciudadanos, nosotros pagamos impuestos para recibir obras y servicios generales e indivisibles.

El Estado debe entender –dice- que las bases de este proyecto son muy débiles y llevan por dentro un peso muy importante, que vamos a tener que soportar, si es que la Asamblea Nacional irresponsablemente aprueba este nuevo impuesto que se suma ya a más de media docena de impuestos aprobados en los últimos años.

Según la propuesta, lo que hace es crear un nuevo impuesto que se denomina “impuesto a las ganancias extraordinarias” el mismo que se incorpora a las regulaciones del COOTAD que regula el funcionamiento de de los gobiernos autónomos descentralizados, que será administrado por los municipios, que a mediano plazo ira reemplazando y sustituirá el régimen actual del impuesto a la utilidad y plusvalía de compra venta de predios urbanos, el mismo que recae en predios de dominios urbanos y rurales.

César Montaño Galarza explica que este impuesto tiene una connotación altamente recaudatoria, porque es muy complejo establecer a ciencia cierta los datos reales de las plusvalías que van sumándose a los valores del mercado de los bienes inmuebles y a esta dificultad se suma el hecho de la mala administración y la desactualización de los catastros que mantienen los municipios a nivel nacional.

“Los creadores del Proyecto se fueron por el camino fácil” asegura el Director del Área de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, puesto que crearon el concepto de ganancias extraordinarias, donde se establece que cualquier transferencia de dominio de un bien inmueble, si es que supera más allá de los $ 8.496,00, más allá de eso sufre una imposición del 75%, entonces se convierte en un impuesto fiscalista, recaudatorio y confiscatorio.

Según la propuesta que se discute en la Asamblea Nacional establece que este impuesto, se aplica una tabla de base imponible que va de 0 hasta 24 salarios básicos unificados para los trabajadores en general, del 0%; más de 24 en adelante el 75%. La declaración y pago de este impuesto se realizará en forma previa al otorgamiento de la escritura correspondiente ante el notario, en las condiciones que establezca cada sujeto activo.

César Montaño Galarza explica que los requisitos para el caso del impuesto de alcabalas, de utilidad y plusvalía está regulado en el COOTAD, esos impuestos que se ocasionan en la transferencia de dominio de bienes inmuebles son los que hay que cancelar antes de elevar la minuta a escritura pública ante un notario, por lo tanto los notarios tendrán que exigir y verificar el pago de impuestos antes de que se cierre la escritura pública.

El proyecto determina que los administradores del impuesto son los gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritos metropolitanos autónomos y ejercerán las facultades previstas en el Código Tributario, serán responsables de la liquidación del impuesto y de su recaudación antes del otorgamiento de la escritura pública.

En el caso que los gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritos metropolitanos autónomos no hubiesen ejercido la facultad determinadora, en virtud de los principios de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno, el SRI podrá ejercerla subsidiariamente en cualquier momento dentro de los plazos de caducidad, según el proyecto.

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