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Carrasco: Tasa solidaria es legal y se tiene que seguir pagando

Carrasco: Tasa solidaria es legal y se tiene que seguir pagando
marzo 11
10:56 2015
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Cuenca.- Como una medida ilegal que afecta a las 61 parroquias de la provincia del Azuay y las comunidades cuyas vías se mantenían con los recursos producto del cobro de la Tasa Solidaria calificó el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco Carpio a la postura que ha tomado la Agencia Nacional de Tránsito al no exigir el comprobante de pago como uno de los requisitos para la matriculación vehicular, lo cual además estaría afectando a todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.

Este pronunciamiento lo dio mediante rueda de prensa en la cual estuvieron presentes la viceprefecta María Cecilia Alvarado, Dora Ordóñez concejera provincial, Tarquino Orellana, Geovanny Palacios y el presidente de la Junta Parroquial de Baños, y el procurador síndico de la Prefectura Edgar Bermeo.

Carrasco señaló desde que se ganó las elecciones en el 2009, la Prefectura del Azuay ha sido afectada por una serie de posiciones del Gobierno Nacional y los sectores oficialistas con actitudes violentas, insultos permanentes a su administración y afecciones a los proyectos de la Institución entre ellos: el peaje de Chaquillcay, la no entrega de los áridos de la Josefina, el retiro de las fincas agrícolas, la crítica a los proyectos sociales como Equidar, Bailoterapia, Festival de Cine, entre otros.

Indica que la resolución tomada por la ANT, obedece a cuestiones políticas y que es contradictorio; pues el propio gobierno nacional pide que los gobiernos locales puedan buscan fuentes de autofinanciamiento, y eso es justamente lo que se busca desde el 2010 con el cobro de la Tasa Solidaria que además es el único impuesto que cobra la Prefectura del Azuay.

Por lo tanto el no cobro de dicha tasa afecta directamente al pueblo, es decir a las parroquias y comunidades que años atrás no tenía como ingresar con los vehículos a sacar la producción, ahora cuentan con vías en condiciones transitables.

Aclaró que esos recursos no están en manos de la Prefectura, por cuanto mediante ordenanza se traspasó la competencia para mantener las vías de lastre a manos de las juntas parroquiales, por lo tanto con esta resolución son ellos los afectados directos.

En años anteriores se entregaba la tasa de acuerdo a la recaudación mensual durante todo el año; sin embargo con el nuevo modelo se ponía en garantía la Tasa para acceder a un préstamo y entregar a inicios del año los más de 7,000.000 de dólares y de esa forma iniciar los trabajos viales.

Se pedirán medidas cautelares, la intervención de la Contraloría, además la repetición del cobro de todo lo que no se ha cobrado en Girón y Gualaceo, procesos por los cuales tendrán que responder las autoridades de la ANT, acotó Carrasco.

Argumentos legales

Por su parte la viceprefecta del Azuay, María Cecilia Alvarado manifestó que la Prefectura se defenderá con todos los instrumentos legales, tanto por la vía administrativa, civil e incluso penal, para lo cual se cumple con el análisis de todos los artículos legales en los cuales se garantiza el exigir el comprobante de pago de los impuestos a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, y que la decisión tomada por la Agencia Nacional de Tránsito no tiene ningún sustento jurídico.

Señaló que lo único que se recibió de la ANT es un oficio en el cual se cuenta de las reformas a los manuales de los procedimientos para los títulos habilitantes, pero hasta el día de hoy no existe una resolución certificada que diga la modificación realizada, por lo tanto de manera arbitraria ya se suspendió la exigencia del documento del pago de la Tasa Solidaria. El oficio recibido habla de una reforma a un manual, lo cual está muy por debajo de una ordenanza provincial aprobada en la Cámara Provincial y publicada en el Registro Oficial.

En el artículo 103 de la Ley de Tránsito indica que la matrícula será emitida por la Agencia Nacional de Tránsito en el ámbito de sus competencias, por las unidades administrativas que tenga la competencia, previo el pago de las tasas e impuestos correspondientes y el cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento.

“Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, está especialmente prohibido derogar: a) derogar, reformar, o suspender la ejecución de estatutos de autonomía, normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o municipales; b) impedir o retardar de cualquier modo la ejecución de obras planes o programas de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, imposibilitar su adopción o financiamiento, incluso demorando la entrega oportuna de los recursos; f) impedir de cualquier manera que los gobiernos autónomos descentralizados recauden directamente sus propios recursos conforme a la ley”.

Alvarado dijo que llegarán hasta las últimas instancias, incluso se pedirá la destitución de las autoridades que al momento están incumpliendo con una ordenanza provincial y las todas las acciones civiles, administrativas y penales que sean necesarias. (Con información de la Prefectura del Azuay).

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