Quito.- El presidente de la Comisión Ocasional Especializada de Seguridad Fronteriza, Juan Carlos Yar, entregó en la Secretaría General de la Asamblea el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral del Estado, para que el Consejo de Administración Legislativa lo analice y ponga en conocimiento del Pleno.

“Se ha cumplido con el mandato de la Asamblea”, dijo, al indicar que en la propuesta se crea un sistema integral con un Consejo y una Secretaría Nacional de Seguridad, en que destacan tres niveles: ejecutor, asesor y de asesoramiento con niveles de apoyo y un subsistema de inteligencia cibernética.

Enfatizó que el documento busca consolidar el sistema de seguridad del Estado en tres componentes centrales: seguridad, defensa e inteligencia, dentro de un marco institucional y jurídico.

Objetivos

El proyecto fortalece la gestión entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y las actividades de Inteligencia Estratégica, para que puedan actuar en forma efectiva contra el crimen organizado y prevengan amenazas de tipo transnacional.

Contiene 68 artículos, divididos en 10 títulos; reestructura el sistema de seguridad existente y crea un Consejo de Seguridad Integral del Estado con la participación de las cinco funciones del Estado, las Fuerzas Armadas, la sociedad civil y la concurrencia de instituciones vinculadas con la seguridad pública y nacional.

Crea una Secretaría de Seguridad Integral del Estado como ente coordinador de los niveles ejecutores, asesores y de apoyo, señaló Fernando Burbano, tras sostener que pasa de un concepto de la seguridad nacional, creado en las dictaduras militares y que permaneció por muchos años en el país y en América Latina, cuyas consecuencias fueron las permanentes violaciones de los derechos humanos.

Después la seguridad se convirtió en un ente de persecución política y pocos se ocuparon de la real seguridad y los ciudadanos, agregó.

Indicó que hay la separación del concepto de Inteligencia, que estaba adscrita a la Presidencia de la República, que pasa a ser parte integral del sistema, de tal manera que en el futuro la inteligencia no esté al servicio de un gobierno, sino del Estado.

Resalta la creación de un nuevo subsistema cibernético, que protegerá la infraestructura productiva del país, contando con elementos remotos y equipos electrónicos de última generación.

Comentó que la SENAIN pasará a ser una dirección nacional de inteligencia, que coordinará la información de todos los subsistemas y no tendrá funciones operativas, sino de planificación y generadora de información.

Quito.- Por unanimidad, de los 100 asambleístas presentes, el Pleno del Parlamento aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites. Con ello, se facilita la vida de los ciudadanos, que podrán ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, pues los trámites serán más sencillos, ágiles, sin duplicidad.

Los trámites solo se pueden crear por Ley, decreto u ordenanza y no solo eso, sino que antes de su aplicación tendrá que informarse o socializarse con la ciudadanía. Además, si se crea un trámite deben suprimirse otros, mientras que los que no se justifiquen en un plazo determinado, deberán suprimirse.

De manera obligatoria, las instituciones del Estado deberán utilizar la información que repose en el Sistema de Registro de Datos Públicos. Se dispone un plazo perentorio para que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) resuelvan solicitudes pendientes sobre proyectos inmobiliarios, así como simplificación de trámites para liquidación y disolución de compañías.

También se obliga a la existencia de una plataforma de pagos por medios electrónicos y se crea un sistema de compensación de deudas entre privados y el Estado. Este sistema se hace extensivo a tributos retenidos o percibidos.

El trámite en línea será en su totalidad, no solo una parte, pero, debido a que no todos están familiarizados con la tecnología, se obliga a las instituciones a publicar los horarios de atención, la identidad de los funcionarios que informarán y asistirán en la gestión del trámites, así como mecanismos que permitan conocer el estado de los mismos. El ciudadano podrá calificar el servicio.

Se regula la forma de presentar información a la Contraloría y la manera de archivarla; los títulos apostillados, legalizados o acreditados serán documentos suficientes para la liquidación de becas; y, se obliga a la informatización de los servicios del Registro Oficial.

Después del segundo debate, la Comisión incluyó alrededor de 15 aportes de los parlamentarios. Entre ellos para que se pueda delegar un trámite; mejorar el sistema de trámites; que las empresas eléctricas entreguen información georeferenciada; que, a través de la Secretaría Nacional de Límites, los gobiernos autónomos homologuen trámites; la declaratoria del el silencio administrativo, entre otros cambios.