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Asamblea Nacional dio respuesta al pueblo con la tipificación de nuevos delitos

agosto 10
19:02 2014
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sr.asambleaQuito.- El Código Orgánico Integral Penal, que entra en vigencia este domingo 10 de agosto, recoge nuevos delitos y sanciones, en concordancia con el derecho internacional humanitario.

Entre los principales y nuevos hechos reconocidos como delitos en el COIP constan el genocidio, exterminio, persecución, apartheid, agresión y delitos de lesa humanidad, que son sancionados con pena privativa de libertad de 26 a 30 años. Para el etnocidio se aplica una pena de 16 a 19 años.

Asimismo la esclavitud, deportación o traslado forzoso de población; desaparición forzada, ejecución extrajudicial para los cuales se aplica pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

Además, la simulación del secuestro, privación forzada de capacidad de reproducción, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, estos últimos producidos por el auge de la tecnología en internet, telefonía celular y otros dispositivos modernos de uso frecuente.

Así mismo, se sanciona los delitos de lesa humanidad que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil como la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad; la tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización forzada y desaparición forzada.

También están debidamente tipificados como delitos la discriminación, violación a la intimidad y la restricción a la libertad de expresión.

La Asamblea Nacional, a través del COIP, dio respuesta al mandato del pueblo en las urnas en mayo del 2011, pues en se tipifican, además, el delito de enriquecimiento privado no justificado y la infracción penal de no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia.

Con una visión de protección de la vida, del bien superior del ser humano, en el Código se sanciona la mala práctica profesional, que igualmente, responde al mandato de la Constitución aprobada por una amplia mayoría del pueblo en la consulta de 2008, en su artículo 54, inciso segundo, por el cual “…Las personas serán responsables por mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”.

Después de un amplio análisis con diversos sectores, incluidos profesionales de la salud, familiares y víctimas de actos de mala práctica médica, en la normativa se incluye la figura del homicidio culposo por mala práctica profesional, que no se limita únicamente al ámbito de la salud, sino a toda profesión cuyo desempeño pueda comprometer la integridad física y la vida de las personas.

Homicidio culposo por mala práctica profesional

La ley determina que tendrá pena privativa de libertad de uno a tres años, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra. La pena privativa de libertad será de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas (las tres condiciones deben ser concurrentes).

Lucha contra la violencia a la mujer

Por primera ocasión, en la normativa penal se establece una sanción a la persona, que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género (femicidio). Las personas que infrinjan esta norma, tendrán una sanción de 22 a 26 años.

Se aplicará el máximo de la pena (26 años) cuando se sumen una o más de estas circunstancias: haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja; exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar; o, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado a un lugar público.

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