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73 observaciones al Código Penal

enero 18
10:54 2014
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sr.asambleaQuito.- (Diario LA HORA).- Son 73 las observaciones que el Ejecutivo hizo al proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que las envió a la Asamblea a través de su objeción parcial para que sean analizadas. En algunos casos son aspectos de forma, pero hay otros de fondo.

La legisladora Ximena Ponce manifestó que se han intercambiado criterios con el presidente, Rafael Correa, con la finalidad de que conozca las motivaciones que los llevaron a redactar algunos artículos de determinada manera. A continuación, algunas recomendaciones que realiza el Ejecutivo a este proyecto.

Seguridad social

En el documento aprobado por la Asamblea se considera la no afiliación al Seguro Social como una contravención y que el empleador que incurra en esta irregularidad deberá ser sancionado con prisión de 3 a 7 días. El Ejecutivo, sin embargo, considera que debe tipificarse como un delito que debe ser castigado con prisión de 1 a 3 años.

Argumenta que en el referéndum de 2011 el pueblo se pronunció a favor de que la falta de afiliación al Seguro sea considerada una infracción penal en el Código y que, de no hacerlo, “constituiría una burla a esa voluntad soberana, ya que esa conducta afecta de manera grave al sector de los trabajadores, quienes siempre han estado en situación de desigualdad frente a sus empleadores y son víctimas de abuso e irregularidad”.

Extracción ilegal de órganos

Para este delito la Asamblea propuso penas que pueden ir de 7 a 26 años, dependiendo de las circunstancias; y que cuando este delito sea cometido por un profesional de la salud, éste será, además, inhabilitado para el ejercicio de su profesión.

El Ejecutivo no tiene ningún reparo con los años de pena que pueden aplicarse, pero señala que los asambleístas olvidaron poner el tiempo de inhabilitación que deberá cumplir el profesional de la salud, por lo que indica que esta suspensión debe ser por el mismo tiempo de la condena, una vez que haya cumplido la pena. Es decir que si el profesional debe pagar ocho años de prisión, cuando salga no podrá ejercer por otros ocho años.

Homicidio culposo

En el texto original se sanciona con pena privativa de tres a cinco años únicamente a la persona que por culpa mate a otra. En el veto se extiende la responsabilidad de esa muerte ya que establece que “con la misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que, como consecuencia de ello, se haya ocasionado la muerte de una o más personas”.

Tráfico de influencias

Originalmente está previsto que esta infracción se pague con pena privativa de la libertad de uno a tres años, pero en el nuevo documento se sugiere una pena de tres a cinco años.

El motivo es que se considera que con el tráfico de influencias empieza el círculo de corrupción que degenera en el cometimiento de otros delitos contra la administración pública con perjuicio al Estado.

“Adicionalmente es con esta conducta que personas inescrupulosas se toman el nombre de altos funcionarios del Estado para ofrecer cargos públicos, o la diligencia de ciertos trámites”, se menciona en la objeción.

Casos especiales de prisión preventiva

En el artículo 537 se tipifica casos especiales para la prisión preventiva y señala que esta medida podrá ser sustituida por arresto domiciliario. Uno de estos casos es “cuando la procesada es una mujer embarazada y se encuentra hasta los 90 días posteriores al parto”.

En el veto se elimina este inciso con lo que una mujer en gestación y que esté enjuiciada también podría quedar en prisión preventiva.

El Ejecutivo justifica la eliminación de esta prerrogativa aduciendo que las bandas organizadas están utilizando mujeres embarazadas para cometer delitos ya que saben que no se les puede imponer una medida cautelar privativa de libertad y por tanto el ilícito podría quedar en la impunidad.

Notificación especial

En el artículo 553 sobre la vigencia de las medidas cautelares que se dictan en los delitos de terrorismo y su financiación, el legislativo consideró que el juzgador podrá levantar las medidas cautelares, a petición de parte, exclusivamente en los casos que han sido dictadas sobre los bienes, fondos y demás activos de un homónimo. Pero que se deberá notificar al ministerio rector de la política exterior para que ponga en conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En el veto del Presidente incorpora un inciso final que señala que “sin perjuicio de la vigencia o levantamiento de las medidas cautelares ordenadas por el juzgador, la inclusión o supresión de las listas consolidadas se hará de conformidad a los procedimientos previstos en las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Desaparición de personas

La aspiración de los familiares de las personas desaparecidas de que se tipifique esta acción como delito no se cumplió. En el veto únicamente se especifica los plazos que correrán para la prescripción.

Así, señala el respectivo artículo que “en los casos de desaparición de personas no se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación, por el delito correspondiente, fecha desde la cual empezarán los plazos de prescripción”. (HCR)

‘Hay observaciones que deben discutirse ’: Virgilio Hernández, asambleísta de PAIS

“Tengo que reconocer que en algunos casos que son observaciones que mejoran la redacción, en otros incluso mejoran y precisan los derechos de mejor forma de lo que hizo la Asamblea y hay otros temas que ameritan ser discutidos. En mi criterio, en el delito de la extracción de órganos, cuando esto es realizado por un profesional es un delito bastante grave.

La pena de la Asamblea inhabilitaba al médico para que no pueda seguir cumpliendo sus labores como médico, y esto es claro. En el veto se disminuye esta sanción por el mismo tiempo de la condena, lo cual creo que es una prohibición demasiado baja.

La Asamblea estableció como una contravención la no afiliación al IESS el texto del Ejecutivo establece que al ser esto fruto de la Consulta Popular no debe ser una infracción sino un delito, criterio con el que podemos estar de acuerdo, pero habíamos sugerido en el bloque que la pena privativa podía ser de 30 a 90 días.

Otro tema que debe analizarse es que en las mujeres embarazadas no habrá medidas sustitutivas de prisión, creo que eso debe analizarse en función del texto constitucional”.

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